Al menos 29 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en Nicaragua
dentro de la crisis social y política que vive ese país desde abril de 2018 a causa de la instauración de la dictadura de los Ortega Murillo, y
siete años después sus casos siguen impunes, denuncian diversos organismos de derechos humanos.
Además de los menores asesinados, 70 fueron detenidos y
posteriormente liberados, y otros 58 niños y niñas quedaron huérfanos debido al
asesinato de alguno de sus padres en las protestas que dieron inicio en abril
de 2018 en Nicaragua, señaló una declaración de esta ONG integrada por
activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, donde tienen su sede.
«Este ha sido el siniestro legado que ha dejado la dictadura de
Daniel Ortega y Rosario Murillo y que por siempre manchará este primero de
junio, Día Nacional del Niño y la Niña en Nicaragua», valoró ese colectivo.
El 18 de abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las
calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que
luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega tras
responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses
elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y
mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Denuncian «alto nivel de barbarie»
El colectivo recordó que la Federación Coordinadora Nicaragüense
de las ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), cerrada por el
Gobierno sandinista en 2022, al igual que otras 3 700 oenegés, denunció que
estas cifras «demuestran la inhumanidad de un régimen responsable también de la
muerte a balazos de 355 nicaragüenses».
Mencionó el caso del adolescente Álvaro Conrado, de 15 años,
asesinado el 19 de abril de 2022 de un balazo en el cuello por un francotirador
de los grupos paraestatales, apoyados y armados por el Gobierno, y a quien
luego le negaron la atención médica en Managua.
Ese caso «está siempre presente como muestra del alto nivel de
barbarie que ha significado la represión contra el pueblo nicaragüense»,
consideró el organismo.
También se refirieron al caso de un niño de catorce meses de
nacido que fue asesinado de un balazo en la cabeza, en Managua, el 23 de junio
de 2018, así como el de otros dos adolescentes que fueron asesinados en Masaya
y Jinotega, respectivamente.
Asesinatos siguen en la impunidad
Nunca Más sostuvo que esos y otros casos «se encuentran en la
impunidad por un Estado que continúa violentando de forma sistemática los
derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense».
De igual forma, el colectivo dijo estar «convencido de que la
dictadura, a pesar de su diario intento de alterar la verdad publicando
noticias falsas y usando granjas de troles en las redes sociales, no podrá
jamás ocultar su directa participación y responsabilidad en los asesinatos de
estos niños y niñas, y de los 355 nicaragüenses por los que tarde o temprano
deberán enfrentar la justicia».
«Además, sabemos que el pueblo de Nicaragua no olvida, ni olvidará
estos crímenes y quiénes son sus verdaderos responsables», añadió la ONG, que
se solidarizó «con el luto y sufrimiento de todas las madres que perdieron a
sus hijos», y les prometió seguir con su trabajo de memoria histórica
denunciando «las violaciones de derechos humanos hasta que haya una verdadera
justicia y los involucrados paguen por sus crímenes».
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